El Ministerio de Justicia activó una la alerta ante la información de un posible plan de rescate de personas privadas de libertad. Se reforzó la seguridad en las penitenciarías, así como el acompañamiento a las audiencias públicas y sobre todo se solicitó que las comparecencias de los presos ante los juzgados sean telemáticas.
Teniendo en cuenta las fechas sensibles de Navidad y Año Nuevo, se estuvo trabajando desde inicios de diciembre para reforzar la seguridad en las cárceles con apoyo de militares, pero la alerta se activó este domingo tras un aviso de inteligencia de Asuntos Penitenciarios y de la Policía Nacional sobre un posible operativo de rescate.
El viceministro de Política Criminal, Víctor Manuel Benítez, explicó a radio Monumental 1080 AM que podría tratarse de la cárcel de Emboscada y Tacumbú. Como precaución se verificaron las audiencias y comparecencias presenciales ante los juzgados.
Este lunes deben salir unos ocho internos de Tacumbú para sus comparecencias y tendrán un fuerte acompañamiento para evitar cualquier intento de rescate. Ninguno de los perfiles llamó la atención de las autoridades.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia solicitó a los juzgados que las próximas se realicen de forma telemática para reducir los riesgos.
Además, en penitenciarías como la de Minga Guazú hay una sala de juicios orales, donde el Tribunal de Sentencia incluso puede constituirse para mayor seguridad.
Por el momento no se maneja información de qué grupo criminal estaría planeando una fuga o quiénes serían los presos, pero el objetivo es evitar la imitación de un caso similar que ocurrió en Brasil.
Indulto presidencial
El Ministerio de Justicia envió su lista de personas privadas de libertad que a su criterio merecen el indulto presidencial. La propuesta está a disposición del Poder Judicial, que debe realizar el control correspondiente de manera a determinar si todos cumplen con los requisitos mínimos.
Posteriormente el documento pasará al Poder Ejecutivo, donde Santiago Peña decidirá si otorgará este año la conmutación de la pena de algunos presos.
Benítez mencionó que se analizó a la población vulnerable para la elaboración de la lista y en ese sentido contempla a adultos mayores, madres o mujeres que viven en las cárceles con sus hijos, así como indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGTBI.
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