Los senadores cartistas se resisten a la sanción del proyecto de ley que establece la pensión para personas con discapacidad y en una nueva jugada postergaron su tratamiento para este jueves. Mientras tanto, en las afueras se registraron incidentes con manifestantes en muletas y sillas de ruedas que reivindican la propuesta para mejorar su calidad de vida.
En la primera vuelta, el Senado ya había rechazado el proyecto de ley “Que establece el Derecho al Pensión para las Personas con Discapacidad en Situación de Vulnerabilidad Social”, pero la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa.
El texto volvió a la Cámara Alta, donde fue postergado en varias ocasiones y lo mismo sucedió en la sesión extraordinaria de este miércoles. La oposición sospecha que los cartistas recién este jueves contarán con los 30 votos que necesitan para ratificarse por el rechazo y sepultar definitivamente el proyecto.
Para los senadores de Honor Colorado Mario Varela y Natalicio Chase, hay un problema en cuanto al impacto que podría tener en el presupuesto. Sin embargo, el mismo movimiento está operando para asignarse aumentos salariales de G. 5 millones mediante el presupuesto del 2025.
Varela considera que la iniciativa es muy noble, pero que necesita trabajarse, en tanto que Chase desconfía de los datos que arrojan una población de 34.000 personas con discapacidad, además de argumentar la existencia de otros programas sociales como Tekoporã.
El también cartista Silvio Beto Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, no se cuenta con recursos financieros para cubrir la pensión y advirtió que podría impactar en otros programas sociales si llega a entrar en vigencia.
El liberal Salyn Buzarquis cuestionó la posición de los cartistas. “¿A quién se quiere beneficiar en el presupuesto? ¿A los que ya tienen todo? ¿A los de la primera clase? ¿A los vip?”, se preguntó.
Pidió más empatía y sensibilidad para tomar la decisión política de reprogramar el presupuesto para asistir a este sector vulnerable.
La senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, intentó proyectar el video de los incidentes en las afueras del Congreso Nacional, donde personas con discapacidad y policías forcejearon en medio de la indignación por la postergación del estudio del proyecto.
La legisladora refirió que el 11% de los hogares tiene una persona con discapacidad y que generalmente son las mujeres las cuidadoras. Además de apoyar la propuesta, anunció que presentará un proyecto sobre el impuesto al alcohol, como medida para disminuir los accidentes de tránsito que muchas veces derivan en situaciones de discapacidad.
Recordó que se trata de un problema social que debe ser abordado con políticas públicas que garanticen la inclusión.
A su vez, Rubén Velázquez, del Movimiento Conciencia Democrática Nacional, explicó que la pensión del 25% del salario mínimo ayudará para los gastos médicos y en la independencia, de tal manera a mejorar su calidad de vida.
Coincidieron con esta mirada los senadores Líder Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).
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