Las acusaciones bajaron los decibeles. La guerra declarada del oficialismo para debilitar al cartismo en Guairá con la intervención de la Gobernación se suavizó por una aparente tregua.
Las bancadas coloradas vienen dilatando el tratamiento del pedido de intervención ante el pleno, que ya cuenta con dictamen de la comisión especial que se encargó del estudio, y emitió dos posturas, una a favor y otra en contra.
En la penúltima sesión se dejó sin cuórum para evitar llegar al punto, mientras que en la última ni siquiera se incluyó en el orden del día.
Los voceros de Fuerza Republicana, los diputados Hugo Ramírez y Ángel Paniagua, remarcaron varias veces estar a favor de la intervención y se mostraron insistentes con que sea tratado el asunto lo antes posible. Sin embargo, no se expidieron ante las acciones para dilatar el tema.
Existen votos para la aprobación, ya que tanto opositores como oficialistas anunciaron su postura por el sí, dejando a los cartistas y un par de llanistas solos, aunque en los últimos días la duda se acrecentó debido a la tibieza y a los esquivos del tema.
Hay antecedentes de acuerdo entre cartistas y oficialistas en Diputados para evitar una intervención, pese a la interna colorada, como sucedió con la Gobernación de Central, donde salvaron al ex gobernador Hugo Javier González, en un caso muy similar al que involucra ahora al gobernador Juan Carlos Vera.
El cartismo está haciendo tiempo y, al parecer, la bancada de Honor Colorado logró un acuerdo con algunos liberales para que no se alcancen los 41 votos que se necesitan para aprobar la intervención. El mismo Pedro Alliana dijo que conversaron con las bancadas de Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris.
“El tema Guairá es para instalar a un equipo político y usarlo en la campaña política, detrás de esto esta Éver Noguera, no tiene chances de ganar y quiere debilitar al equipo interviniendo y golpeando mediáticamente. Es persecución política”, recalcó Alliana, al recordar que Noguera es candidato a gobernador. De hecho, el interés oficialista por la intervención se generó por esta candidatura.
Las denuncias. Los concejales departamentales presentaron 13 denuncias, entre las cuales se señalan la transgresión del artículo 60 de la Ley 1626/2000 de la Función Pública, por contar con funcionarios de la Gobernación en las comisiones que recibieron dinero de la institución; indicios de sobrefacturación en construcción de pozos artesianos; inversión de G. 3.000 millones en la construcción de la planta generadora de oxígeno que no funciona; construcción de empedrados por G. 4.347 millones, considerado un alto costo; doble pago por la iluminación del Estadio Departamental Parque del Guairá; obras viales tercerizadas en manteamiento de caminos sin justificación porque la Gobernación cuenta con maquinarias; sobrefacturación en tinglado en el Parque del Guairá; entre otros.
El gobernador solicitó que sea rechazado el pedido de intervención asegurando que se trata de acusaciones falsas y que no existe dictamen que confirme daño patrimonial.
1.000.000 de dólares es el cálculo de la SET sobre el daño patrimonial hallado luego de intervenir la Gobernación.
2.000.000 de dólares de los fondos Covid fueron despilfarrados, según la denuncia de la Junta Departamental de Guairá.
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