Desde el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) confirmaron que iniciaron sumarios correspondientes a los directivos de la Cooperativa San Cristóbal, ya que su presidente, el diputado colorado Juan Carlos Ozorio, quedó envuelto en supuestos casos de lavado de dinero. Ayer se revelaron audios que evidenciarían la aparente vinculación del legislador con el narcotráfico.
Pedro Loblein, titular del Incoop, confirmó en comunicación con la 1080 AM que tras tomar conocimiento de supuestos tráficos de operaciones a través de la cooperativa, se tomaron acciones como la fiscalización que se instala en la entidad solidaria. “Vamos a hacer una fiscalización integral en la cual trataremos de determinar e identificar todos los hechos y el grado de utilización de recursos, en lo que se conoce como lavado de dinero. Vamos a determinar si es que estas personas, uno de ellos el pastor José Insfrán, son socios”, especificó.
Loblein resaltó y enfatizó que la situación está controlada de manera de resguardar la seguridad y tranquilidad de los socios. “Lo peor que le puede pasar a una entidad financiera es que haya disparada de sus ahorros, lo que causa un daño grande”, dijo.
El representante del órgano supervisor cooperativo resaltó que también van a revisar si es que la Cooperativa San Cristóbal realizó correctamente el cumplimiento y protocolo que implica una posible sospecha de lavado de dinero. “Es importante dar tranquilidad a los socios porque ya escuchamos versiones de que están preocupados sobre sus ahorros. Queremos dar tranquilidad desde el punto de vista de solvencia y patrimonial, y que el dinero de los socios no está involucrado”, afirmó.
Sujetos obligados
Las cooperativas son sujetos obligados para la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad), donde el Incoop es el órgano supervisor, por lo que se rigen a todas las exigencias y normativas ante operaciones sospechosas, mencionó Loblein. “Ellos tienen la obligación de reportar a la Seprelad y en la fiscalización vamos a constatar si se hizo o no eso en el marco del protocolo de control”, dijo.
En cuanto al tiempo de fiscalización, el titular del Incoop afirmó que todas las operaciones se van a controlar, tanto de créditos como la de administración, por lo que demandará entre 15 a 22 días. “Eso no implica que se tardará en tener los resultados preliminares, que se estima estén en los próximos 8 días el primer borrador de campo”, alegó.
Corrida de ahorristas
Esta mañana, en las primeras horas, se observó una visita masiva de los socios en las sucursales de la cooperativa con el objetivo de quitar sus ahorros tras difundirse los audios que involucran supuestamente al presidente de la entidad con el narcotráfico.
Por otra parte, Loblein confirmó que ya estaba programada para este primer semestre la fiscalización de San Cristóbal porque se registró un crecimiento muy inferior de la entidad comparado con la media de crecimiento del sector en el último año. “Desde el año pasado estábamos haciendo un seguimiento mes a mes de la entidad, ya que está dentro de las 10 cooperativas tipo A más grande”, dijo.
Morosidad
El titular del Incoop confirmó que tras la merma en el crecimiento de la entidad, porque se registró una baja en los activos de los últimos tres años, un aumento de la morosidad y varios otros indicadores, que llevó al supervisor tomar cartas en el asunto. “En diciembre pasado presentamos al Consejo Directivo el plan de fiscalización y en esto ya estaba la cooperativa”, dijo.
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