El abogado Jorge Vasconcellos, asesor jurídico del Congreso Nacional, manifestó que el proyecto de ley del Ejecutivo que contempla sanciones por vacunaciones vip y violaciones a disposiciones sanitarias puede ser tildado como un desinterés de valoración de las disposiciones constitucionales por sus gruesas imprecisiones, contradicciones y errores conceptuales.
“Este proyecto me genera dos sentimientos distintos y encontrados por un lado me parece que la iniciativa llega tarde, tendría que haberse dado en marzo del pasado año y no en mayo de este año, constituye el reconocimiento implícito, sino explícito de que se gobernó las medidas sanitarias al margen tanto de las disposiciones legales y constitucionales y que hoy se pretende emendar”, dijo en entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido en Gen.
“Es una iniciativa que se demoró demasiado”
Vasconcellos cuestionó también la tardanza de la administración del presidente Mario Abdo Benítez, en buscar una normativa para sancionar a las personas que incumplen las medidas restrictivas contra el COVID-19.
“En abril del pasado año consideramos que la Constitución se encontraba en cuarentena por el hecho de que el artículo 68 segunda parte establece que las medidas sanitarias deben ser establecidas en la Ley, ahora 14 meses después se pretende definir por ley cuáles son las medidas que se pueden aplicar desde el Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo a través de decretos. Es una iniciativa que se demoró demasiado. Es una situación bastante compleja, no solo al Ejecutivo, sino al Judicial y Legislativo”, manifestó.
Señaló también que desconoce cómo el Congreso Nacional tratará la propuesta, sosteniendo que cuenta con varias imperfecciones en su redacción.
“Yo tengo mis dudas respecto a cuál será la suerte de este proyecto de ley a pesar de sus gruesas imprecisiones, contradicciones, sus gruesos errores conceptuales”, indicó.
Por otra parte, comentó que es necesaria una ley queestablezca el marco regulatorio en cuanto a las denominadas “vacunaciones vip”.
“Se busca que se trate de un delito de carácter económico y de contenido patrimonial, así como la apropiación o el hurto. Nosotros lo que tenemos no es un problema de contenido patrimonial, es un problema de salud pública. Lo que corresponde es diseñar una disposición específica que venga a llenar un vacío que existe”, comentó.
Añadió que la propuesta presentada por el Ejecutivo, coloca en evidencia tanto la “decidía y el desinterés” respecto a una valoración en la disposiciones de carácter constitucional.
“Yo no tengo una explicación racional para esto, es decir, hablando bien y pronto, a nadie le interesa lo que dice la Constitución, ni al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A 14 meses del inicio de esto el Poder Judicial no emitió un solo pronunciamiento invalidando esas decisiones de carácter administrativas que son los decretos”, sentenció.
// La Nación
