Los campesinos autodenominados sin tierras de la comunidad Paso Itá del distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, emplazaron a los sojeros hasta marzo de este año para que abandonen el lugar.
Sigue el antiguo conflicto entre sintierras y colonos brasileños sojeros en la comunidad Paso Itá, donde unas 100 familias siguen en carpas, a la espera del resultado de la mensura judicial, sobre unas 40.000 hectáreas de tierra, cuya culminación está demorando en demasía generando la impaciencia de los labriegos.
El dirigente Pedro Cáceres, de la Organización Campesina Canindeyú (OCC), manifestó que las pretensiones de su organización se centran en unas 1.400 hectáreas que supuestamente corresponden a tierras públicas, que deben ser entregadas a las familias sujetas a la reforma agraria y que no pueden estar en poder de colonos extranjeros.
Dichas tierras actualmente están cubiertas por cultivos de soja con una importante destrucción del medioambiente de acuerdo a la denuncia del dirigente.
Repudio contra el intendente
Cáceres repudió al intendente de Ybyrarobaná, Luis Mereles (ANR), por buscar desactivar la organización y la ocupación, supuestamente recibiendo dinero de los colonos
“Nosotros nunca le hemos molestado y el dinero que haya recibido de los extranjeros es su problema, algunos dicen que ya le dieron USD 200.000 dólares y quiere hacer persecución a los dirigentes” acusó.
El dirigente refirió que el jefe comunal no tiene visión, ya que al instalarse una población crecerá el distrito.
Por otra parte, señaló que el intendente solo quiere que votantes locales ocupen dichas tierras.
Desde Última Hora intentamos comunicarnos con el intendente Mereles para conocer su posición sobre la acusación en su contra, sin embargo, no respondió los mensajes vía WhatsApp a su número de celular con terminación 947.
Manifestación
En el mes de marzo se está proyectando una gran manifestación que puede llevarse a cabo en el cruce Ybyrarobaná o en la rotonda de Curuguaty, de manera a exigir fin de la utilización de tierras públicas por parte de extranjeros.
“Ya basta, cuánto dinero ya han ganado, han depredado el medio ambiente, ni frutas se puede tener por el veneno que utilizan” manifestó el dirigente.
Conclusión de mensura judicial
La mensura judicial fue dispuesta por la magistrada Gladys Mabel Solís en mayo del año 2018, en el inmueble individualizado como Finca 308, Padrón 45, que se encuentra entre los municipios de Ybyrarobaná y Corpus Christi, en el marco de un juicio promovido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que data del 2017.
En esa oportunidad fueron designados como responsables de la mensura a los peritos Feliciano Romero y Jorgelina Gómez, pero posteriormente pasó a manos del abogado Roberto Pérez.
Ante la tardanza para la conclusión de dicha mensura judicial, el dirigente Pedro Cáceres, de la Organización Campesina Canindeyú (OCC), dijo que emplazaron hasta el mes de marzo a fin de que los sojeros abandonen el lugar.
Por su parte, el abogado Roberto Pérez, funcionario del Indert, encargado de la mensura judicial, estima que para marzo puedan concluir los trabajos.
“Siempre se presentan nuevos problemas de titularidad y descompagina el proceso normal, siempre estamos en comunicación con todas las comisiones vecinales” aseveró.
