El propio Instituto Forestal Nacional (Infona), organismo gubernamental que debe controlar la deforestación, acaba de reconocer que en el 2017 se talaron 10.000 hectáreas de bosques en el Chaco –tal como lo vienen denunciando la prensa y las organizaciones ambientalistas–, pero nada ha hecho por intentar detener el gran daño ecológico. Por el contrario, ha avalado el cuestionado Decreto N° 7702, que reglamenta la Ley Forestal, firmado por el presidente Horacio Cartes, que da vía libre a seguir deforestando. La superficie perdida de bosques equivale a 400 parques Ñu Guasu. Es de esperar que los candidatos presidenciales cumplan su promesa de derogar el decreto y detener la gran sangría forestal.
Las acciones son claramente ilegales, ya que el Infona es el que debe dar la autorización final para que los propietarios puedan transformar sus propiedades, en el marco de la Ley Forestal. La normativa establece, en su artículo 42, que todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales deben mantener el 25% de su área de bosques naturales.
En el Chaco, la situación es más grave, ya que un polémico decreto firmado por el presidente Horacio Cartes, el N° 7702, que reglamenta la Ley Forestal, relativizó la exigencia de mantener el 25% del área de bosques naturales, permitiendo poder talar una mayor superficie, a cambio de adquirir certificados ambientales hasta cubrir el porcentaje mencionado, lo cual –según las denuncias ambientalistas– ha dado vía libre a una mayor deforestación.
La comprobación que ahora hace el Infona no constituye ninguna novedad, ya que organizaciones ambientalistas como Guyra Paraguay y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas inglés) vienen alertando sobre la deforestación en el país, justamente proveyendo en forma periódica la evidencia sustentada en las imágenes satelitales.
De todos modos, es un gran paso que el organismo gubernamental que debe controlar la deforestación lo reconozca. Ahora hace falta que haga algo por ayudar a detenerla y por castigar a los responsables, ya que hasta ahora, en lugar de cumplir su función, ha avalado el cuestionado decreto.
La gran esperanza está puesta en que los principales candidatos presidenciales, Mario Abdo Benítez (ANR) y Efraín Alegre (Alianza Ganar), han prometido derogar el polémico Decreto 7702, por considerarlo nocivo para el medio ambiente. Esperemos que cumplan sus promesas.
