La Cámara de Senadores tratará hoy, como primer punto del orden del día, el proyecto de ley que plantea que para poder sancionar a un parlamentario con la pérdida de investidura debe haber previamente una sentencia judicial.
Igualmente, se plantea que debe haber una mayoría calificada de dos tercios para aplicar la sanción, pese a que la Constitución no establece nada al respecto.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados, va dirigido a dificultar o “blindar” a los legisladores para evitar que ocurran casos similares al del senador Óscar González Daher, echado de su banca luego de que trascendieran audios que hacían evidentes un manejo arbitrario de la Justicia y una red de tráfico de influencias desde su cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El senador Hugo Richer (Frente Guasu) cuestionó que para aplicar una sanción política, como es la pérdida de la investidura, se ponga como condición una sentencia de la Justicia, sabiendo que una decisión judicial puede ser aplazada indefinidamente, a través de chicanas, como de hecho se hace todo el tiempo.
Indicó que, en la práctica, esto sería restarles una atribución a las cámaras para sancionar a sus propios integrantes.
Recordó además que en el caso del “golpe parlamentario”, en referencia al juicio político de 2012 a Fernando Lugo, no hubo ninguna cuestión judicial de por medio y tampoco para sancionar a González Daher, algo en lo que estuvieron de acuerdo en amplia mayoría los senadores.
Richer también criticó que se establezca una mayoría calificada para poder aplicar la pérdida de investidura, cuando que la Constitución no habla de ningún número de votos.
Destacó que el artículo 185 de la Carta Magna dice que “salvo en los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes”.
En tanto, el senador Juan Darío Monges, líder de la bancada colorada cartista, dijo que no es razonable que por mayoría simple pueda expulsarse a un legislador y que para sanciones más leves, como la de suspensión por 60 días, se necesiten dos tercios (30 votos).
El legislador colorado señaló además que el artículo 201 de la Constitución es claro y contundente en el sentido de que una causal de pérdida de investidura es “el tráfico de influencias suficientemente comprobado”. Apuntó que quien puede comprobar en forma fehaciente “no es la prensa ni la ciudadanía” sino el Poder Judicial.
Afirmó que se debe poner eso con claridad para evitar “incurrir en la barbaridad que incurrió el Senado” (en el caso de su colega González Daher).
Contraposición
Hasta el momento existen posturas contrapuestas. La bancada oficialista (11 integrantes) votaría en bloque a favor del proyecto.
Por su parte, en la bancada de Colorado Añetete habría división, ya que su líder, Silvio Ovelar, dijo que la mayoría está a favor, pero el senador Eduardo Petta dijo que votará en contra.
En la bancada liberal también hay posturas encontradas, El senador Fernando Silva Facetti se manifestó a favor del proyecto. En tanto, el senador Miguel Abdón Saguier consideró que el proyecto va más allá de lo que dice la Constitución, por lo que podría inclusive ser inconstitucional.
Fuente ABC color.
