El comisario Diosnel Alarcón, denunciado por el ciudadano belga Marc André Didier de pedirle 300.000 dólares para solucionar su problema en el caso de los lingotes de oro, es la envidia de sus subalternos y algunos superiores por el buen pasar que experimenta pese a que solo desde el 2016 percibe un ingreso superior a los G. 6.000.000 que corresponde a un subcomisario o comisario.
El uniformado es propietario de una suntuosa casa de dos plantas con finas terminaciones en el barrio Laurelty de Luque, en las inmediaciones de la Academia de Policía, casi en los límites con Asunción.
La residencia resalta por su majestuosidad y sus cuidadas terminaciones en un barrio de clase media.
Además de la coqueta vivienda el comisario también tiene a su nombre varios vehículos de diferente gama, entre ellos una camioneta Kia Sorento modelo 2015, un Toyota sedan Premio 2002 y un Toyota sedan Tercel 1999.
Otros tres vehículos figuran en los registros a nombre de su esposa Ada Rosa Benítez de Alarcón. La mujer tiene registrados un Toyota Etios modelo 2017, y dos Toyota Vitz modelo 2003 y 2005.
El comisario Alarcón inició su carrera en el cuadro policial en 1997, según los registros de la Policía. Ascendió a comisario a fines del 2017 llegando a percibir desde esa fecha un ingreso mensual de G. 6.679.324.
Denunciado por el caso oro
El comisario Alarcón se desempeñaba hasta hace poco como jefe del Departamento de Delitos Informáticos.
Posteriormente pasó a formar parte de la División de Delitos Económicos que está a cargo del comisario Abel Cañete.
El nombre del comisario Alarcón se mencionó insistentemente en la prensa desde hace un par de semanas cuando se lo vinculó a un supuesto pedido de coima en un caso de incautación de 480 kilos de lingotes de oro que involucra al ciudadano de origen belga Marc André Dider.
El caso se registró en el 2016 y el belga estuvo recluido en la penitenciaría durante 75 días, después tuvo prisión domiciliaria. Ahora está en proceso de plantear una demanda al Estado por daños y perjuicios.
Según la denuncia hecha por el ciudadano extranjero, el 12 de agosto de 2016 Alarcón le solicitó la suma de US$ 300.000 para “solucionarle su problema”.
Incluso aseguró que le quisieron imponer abogados de un estudio jurídico para que ejerciera su defensa en la causa penal y así zafar del proceso.
Fuente ABC color.
