El Congreso decide hoy sobre ajustes salariales dados a gente del MEC, Salud, INC y ANDE que fueron vetados por el Ejecutivo. Se precisa acuerdo en ambas cámaras para levantar el veto.
La Cámara de Diputados, en sesión extra convocada para hoy las 09:00, tendrá a su cargo en primera instancia abordar la objeción parcial de la Ley 6026/2017 del Presupuesto General de la Nación 2018, y necesitará de mayoría absoluta (41) para levantar el veto. Como se requiere acuerdo en ambas cámaras, la resolución en Diputados será determinante.
Por otra parte, la Cámara de Senadores fue convocada para las 15:00 en el mismo día, donde también se definirá si se excluyen los aumentos adicionales para ANDE, MEC, INC y Salud.
En la Cámara Baja hay una mayoría oficialista que se presume apoyará la decisión del Ejecutivo, y aunque los disidentes y partidos de oposición dijeron que se ratificarán a favor de los aumentos, será difícil reunir la cantidad mínima de votos requerida para levantar el veto. Esto, considerando que muchos legisladores están fuera del país por vacaciones. Ante falta de quórum en cualquiera de las cámaras, igualmente quedará firme la objeción del Ejecutivo.
Las objeciones parciales del Ejecutivo afectan al artículo 2 de la Ley 6026/2017, sancionada por el Congreso, que determina incrementos a docentes del MEC (4%) y Salud Pública en 8%. También se objetó el incremento de G. 600.000 para funcionarios de ANDE y el ajuste general del 12% para INC.
El Ejecutivo alega que los aumentos adicionales en salarios sancionados en el Congreso, por un total de US$ 87 millones, generan un desfinanciamiento de US$ 40 millones y lleva el déficit fiscal por sobre el tope establecido (1,5% del PIB).
Si bien el veto del presupuesto es una atribución del Poder Ejecutivo, hasta ahora solo la Administración actual se ha animado a dar este paso. De acuerdo con los antecedentes, en su momento Nicanor Duarte Frutos optó por un veto parcial debido a incrementos salariales en el área de salud, pero asesorado por su ministro de Hacienda, Dionisio Borda, decidió finalmente retirarlo antes del tratamiento en el Congreso.
También Fernando Lugo pensó vetar el presupuesto en 2011 cuando los ajustes salariales superaron el 30%. Con asesoramiento de su ministro, que coincidentemente también era Borda, decidió promulgar el PGN aplicando luego correcciones a través del plan financiero.
