Tras la intervención fiscal realizada en la zona de Guahory, distrito de Tembiaporã en el departamento de Caaguazú el pasado jueves 15 de agosto, a través de la cual una comitiva fiscal – policial encabezada por el agente Alfredo Mieres y su coadyuvante Alfirio González en el marco de un juicio por invasión de inmueble ajeno, campesinos que fueron desalojados amenazaron y agredieron a los propietarios de las tierras, supuestamente instados por legisladores nacionales quienes les brindarían protección.
El abogado Rubén Soto, explicó que en la intervención se procedió a verificar una extensión de 1.200 hectáreas dividas en unos 80 lotes. Dijo que al llegar al lugar, aguardaban en la entrada del terreno unas cien personas, encabezadas por el intendente municipal Sotero Cáceres (PLRA), acompañado de su asesor jurídico Gustavo Bernal, al igual que otros concejales liberales del distrito. Mencionó que el fiscal Mieres explicó a los presentes del procedimiento, y les garantizó que no se actuaría con violencia, lo que aceptaron. Dentro de la inspección del lugar se encontraron 64 chozas y algunas viviendas precarias, pero sin personas y escasas pertenencias dentro de ellas.
Ya que no se encontró a ningún ocupante al momento, se procedió a la devolución de las tierras a los propietarios, y enfatizó en que todo el procedimiento fue acompañado por el intendente, y sus asesores, además del Padre Ignacio Espínola.
Una vez terminada la verificación del lugar, los dueños ingresaron al terreno y quedaron custodiando el lugar unos 150 agentes policiales.
Soto indicó que como dueños de las tierras, ellos estaban en su derecho de hacer lo que querían dentro, pero que sin embargo, antes dialogaron con algunos invasores que se encontraban afuera y se pusieron de acuerdo con los mismos en proceder a desarmar las viviendas y trasladar las maderas y pertenencias hasta la comisaría local para que puedan retirarlos del lugar si así lo quisiesen.
Además se encontraron varias hectáreas de trigo para la cosecha, lo que también garantizaron que devolverían a los invasores.
Sin embargo, esa misma noche y al día siguiente una comitiva de legisladores encabezados por el senador Alberto Wagner llegó hasta el lugar para instalar nuevamente un ambiente de tensión, incluso con prepotencia exigió ingresar a la propiedad privada maltratando a los agentes policiales que se encontraban custodiando en la entrada de los lotes asegurando que un camino que es parte de las propiedades es un camino vecinal, aunque no hay viviendas en el lugar.
Por otro lado, los propietarios, quienes ya están en plena tarea de volver a preparar sus tierras para utilizarlas fueron agredidos por los invasores, quienes habrían arrojado palos hacia sus vehículos.
También la Policía Nacional procedió a la detención de dos personas armadas.
“64 chozas pero 200 familias”
Los denunciantes del caso, lamentaron la manera en la que se estaría tergiversando las informaciones. Negó que existan 200 familias que se encontraban invadiendo, manifestaron que en realidad había chozas y algunas viviendas precarias, pero que nadie vivía en ellas, sólo en algunas quedaban “custodios”, para resguardar los procesos de cultivo mecanizado que se realiza en el lugar financiado por productores y políticos de la zona. Dijo que es contradictorio que se hable de 200 familias, si sólo se encontraron 64 chozas, algunas de una sola pieza e incluso sin ninguna pertenencia dentro.-
Aseguraron que en realidad son como una especie de “pantalla”, ya que la mayoría vive en la zona como Banderita, Pindó y Tembiaporã, y que reciben un pago de G. 250 mil mensuales para resguardar los cultivos haciéndose pasar por campesinos que luchan por esas tierras, y que además esa es una zona en la que nadie entra, sólo aquellos delincuentes que utilizan el lugar como “aguantadero”. Agregaron que es imposible que esos “campesinos” puedan financiar los grandes cultivos del lugar sin realizar préstamos para invertir, y resulta muy llamativo que si estuviesen ganando ellos con la siembra no tengan avances económicos para construir viviendas.
“Cultivos del intendente”
Se menciona además que hay un gran interés político, pues el intendente Sotero Cáceres
(PLRA), su hermano y un concejal de quienes no precisaron nombres tienen grandes extensiones de cultivos en las tierras que utilizan prácticamente de manera “gratuita”, pues pagan una ínfima suma a las familias para hagan el papel de invasores cuando es necesario.- Sus correligionarios el Senador Wagner, su asesor jurídico Gustavo Bernal, apoderado departamental del PLRA y otros dirigentes de ese partido estarían operando para que se vuelva a invadir y continuar usufructuando las tierras pues hay un interés económico importante de por medio, que no beneficia justamente a los campesinos sino más bien a los políticos y productores de la zona.
“Operativo no tuvo costo alguno”
El abogado de los denunciantes, se refirió sobre la supuesta versión de que se pagó a la Policía Nacional para que se ejecute el desalojo diciendo que es falso que su cliente haya dado esas declaraciones que fueron contradictorias en dos medios, en uno de ellos se menciona G. 200 millones y en otro USD 200 mil.-
Dijo que si bien, sus clientes apoyaron el trabajo de la Policía con comida para los efectivos, así como la provisión de combustible, no entregaron suma alguna.
En cuanto al helicóptero que fue utilizado, refirió que fue proveído por la Comandancia de la Policía Nacional.
