La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, que supone más poderes para la Contraloría General de la República, ya que absorbe la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

Los senadores aprobaron el proyecto en general y en particular con modificaciones, con un texto consensuado entre las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Hacienda y pasó a la Cámara de Diputados para su estudio correspondiente.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, solicitó a sus colegas que el Pleno se constituya en Comisión para el tratamiento del punto, al carecer dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El proyecto cuenta con 21 artículos.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola indicó que votó en contra, ya que según su visión, el proyecto no resuelve el problema principal que tiene la Contraloría General de la República, que no puede verificar a muchas instituciones porque llevan sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso, en virtud incluso de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En ese sistema de control no está la Dirección Nacional de Contrataciones, el Viceministerio que le reemplaza a la Secretaría de la Función Pública, la auditoría general del Poder Ejecutivo, es decir, otras instituciones que también forman parte del sistema de integridad”, sostuvo.

Entre tanto, afirmó que lo más grave que tiene Paraguay es que todos los controles son posteriores, cuando ya se produjo la irregularidad o el hecho de corrupción y lo que se necesita es un sistema que se adelante, un sistema de prevención, mientras que este proyecto de ley no resuelve y tampoco fortalece.

“Mientras no se resuelva este problema que se le puentea a la Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, la Contraloría va a seguir siendo menoscabada en su trabajo”, expuso.

A su turno, la legisladora Yolanda Paredes indicó que en esencia el proyecto es interesante, pero que el único problema es que los funcionarios de la Contraloría gozan de cero credibilidad.

La parlamentaria sostuvo que el actual contralor Camilo Benítez no interviene las municipalidades donde hay un correligionario del Partido Colorado y calificó de falacia el proyecto, solo por ser una obligación al ser Paraguay signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Se busca llenar un agujero para ‘cumplir’ un compromiso internacional, pero en la realidad no va a tener ningún solo beneficio ni nadie le va a investigar a nadie y va a seguir siendo un garrote contra las administraciones públicas de opositores no más y no estoy defendiendo a la administración corrupta, que sabemos que hay. Hay que investigarle a todos sin importar el color”, remarcó.

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