Anadelia Acosta Armoa, una de las principales responsables del cobro ilegal de una millonaria indemnización para familiares de dos trabajadores de la ANDE fallecidos por electrocución, pidió 30 días de permiso a la Cámara de Diputados. La solicitud no fue aceptada.
Anadelia Acosta, funcionaria del Congreso, pidió 30 días de permiso sin goce de sueldo a la Cámara de Diputados, pero su solicitud fue rechazada, explicó el titular de Diputados, Raúl Latorre.
“Di la indicación de que no se otorgue ese permiso. Vamos a continuar con la investigación preliminar, vamos a seguir esperando que esta funcionaria se presente y se ponga disposición de Recursos Humanos”, expresó.
Acosta Armoa formaría parte de un esquema que habría desviado indemnizaciones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinó a las familias de dos de sus trabajadores de Caaguazú que fallecieron electrocutados.
“Anunciamos desde un principio que la investigación iba a ser severa. Lo que aconteció es verdaderamente repugnante”, prosiguió.
Igualmente, explicó que la funcionaria tiene un plazo de tres días para comparecer ante su institución y si eso no sucede, la jurisprudencia plantea una intimación.
“La indignación ante lo acontecido es grande, el hecho es muy grave y no solo por la cantidad de dinero que se robó, sino porque se lo hizo a personas muy humildes y en un momento de mucho dolor”, reprochó e indicó que “pocos actos pueden ser considerados despreciables como este”.
Finalizó asegurando cumplirán con todos los procesos legales y advirtió que las medidas van a ser severas.
La Fiscalía imputó a Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
La cantidad total del dinero otorgado por la ANDE a los afectados, en concepto de indemnización, fue de G. 800 millones.
De ese total, solo recibieron en conjunto la suma de G. 75 millones.
Finalmente, la funcionaria del Congreso y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
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