La Cámara de Diputados abrió un sumario administrativo contra la funcionaria Anadelia Acosta Armoa, una de las principales responsables del cobro ilegal de una indemnización de G. 800 millones para dos familias humildes.

Tras el cese de su comisionamiento a la Municipalidad R.I. 3 Corrales, Departamento de Caaguazú, la funcionaria Anadelia Acosta Armoa debía presentarse este martes a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el diputado Raúl Latorre, titular de dicho cuerpo colegiado, informó que la misma no acudió a su lugar de trabajo.

Al respecto, indicó que Acosta Armoa fue nombrada en el periodo de Pedro Alliana, cuando era presidente de la Cámara, y desconoce qué legislador realizó la solicitud.

“Iniciamos un proceso de investigación, vamos a buscar abarcar todas las áreas que sean permitidas por nuestra competencia”, señaló y citó que pedirán informes a la Municipalidad sobre qué funciones cumplía, cuál era su horario laboral y su formación académica.

Si bien se abrió un sumario, Latorre no detalló si es con o sin goce de sueldo ni el plazo del procedimiento.

“Pedí que se le dé la mayor celeridad posible al director de Asesoría Jurídica, porque para nosotros es un tema de absoluta prioridad”, sostuvo.

Asimismo, expresó su deseo que el Ministerio Público tome “muy en serio esta causa y que sea una sanción ejemplar, porque más allá del monto, lastima en su buena fe y en su dolor a los más humildes y la verdad que es indignante”.

Anadelia Acosta sería una de las integrantes principales del esquema, por el cual se desviaron G. 725 millones de los G. 800 millones de una indemnización que la ANDE concedió a dos familias humildes que perdieron a sus seres queridos en un accidente laboral.

Al menos, ocho personas, incluida Acosta Armoa, estarían involucradas en la apropiación ilegal.

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