Organizaciones campesinas y de mujeres, a través de comunicados públicos, expresaron su enérgico repudio a la decisión del juez de Garantías Édgar Manuel Lezcano, quien otorgó prisión domiciliaria a un hombre denunciado por el abuso sexual de su propia hija de 12 años en Minga Porã, Alto Paraná.
El magistrado dispuso medidas alternativas a la prisión, pese a que el procesado había amenazado previamente a la víctima y a sus familiares, quienes tuvieron el valor de denunciar el hecho.
El acusado reside a poca distancia del hogar de la niña, en Minga Porã, un municipio pequeño y rural de Alto Paraná, lo que pone en grave riesgo la seguridad y el bienestar de la víctima.
Por esta razón se pronunciaron las organizaciones Kuña Poty, Asociación de Familia Campesina, Conamuri, Mujeres Unidas de Minga Porã, Asagrapa, Asociación de Productores 1°de Marzo y Movimiento Campesino Paraguayo y realizaron una protesta este lunes frente al Juzgado de Primera Instancia de la ciudad.
Esta decisión judicial vulnera los principios del interés superior del niño y contradice los compromisos internacionales de protección a la infancia asumidos por el Estado paraguayo.
Las organizaciones, que se solidarizan con la causa, exigen la intervención inmediata del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), el Ministerio de la Mujer y todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Mujer, a fin de garantizar medidas efectivas de seguridad y acompañamiento psicológico para la niña y su familia.
La decisión del juez Lezcano, fundamentada en el estado de salud del acusado, prioriza los derechos del agresor por encima de la protección de la víctima y representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia sexual hacia niñas y adolescentes en Paraguay, reclamaron.
Familiares de la víctima denunciaron que ella vive con miedo, ha dejado de asistir a la escuela y se encuentra profundamente afectada psicológicamente tras conocerse la resolución judicial que permite al acusado continuar en libertad condicional.
Las organizaciones firmantes instan a la revisión urgente de esta medida judicial y a la adopción de acciones inmediatas que restituyan la confianza en la justicia y en el sistema de protección de la niñez.
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